Una historia de España (LXIX)

Entre los errores cometidos por la Segunda República, el más grave fue la confrontación con la Iglesia Católica. En vez de proceder a un desmantelamiento inteligente del inmenso poder que ésta seguía teniendo en España, apoyándose sobre todo en la educación escolar y la paciencia táctica, los gobiernos republicanos abordaron el asunto con prisas y torpes maneras, enajenándose los sentimientos religiosos de un sector importante de la sociedad española, desde los poderosos a los humildes: eliminación de procesiones de Semana Santa en varias ciudades y pueblos, cobrar impuestos a los entierros católicos y prohibición de tocar campanas para la misa, entre otras idioteces, encabronaron mucho a la peña practicante. Y al descontento conspirativo de cardenales, arzobispos y obispos se unía el de buena parte de los mandos militares, cuyos callos pisaba la República un día sí y otro también, perfilándose de ese modo un peligroso eje púlpitos-cuarteles que tendría nefastas consecuencias. La primera se llamó general Sanjurjo: un espadón algo bestia apoyado por los residuos monárquicos, por la Iglesia y militares derechistas, que intentó una chapuza de golpe de Estado el verano de 1932, frustrado por la huelga general que emprendieron, con mucha resolución y firmeza, socialistas, anarquistas y comunistas. Ese respaldo popular dio vitaminas al gobierno republicano, que se lanzó a iniciativas osadas y necesarias que incluían una reforma agraria –que puso a los caciques rurales hechos unas fieras– y un estatuto de autonomía para Cataluña. El problema fue que en el campo y las fábricas había mucha hambre, mucha necesidad, mucha incultura y muchas prisas, y la cosa se fue descontrolando, sobre todo donde los anarquistas entendieron que había llegado la hora de que el viejo orden se fuera por completo y con rapidez al carajo. Para espanto de una parte de la derecha y satisfacción de la parte más extrema, que aguardaba su ocasión, se sucedieron las huelgas e insurrecciones con tiros y muertos –Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pasajes, Alto Llobregat– alentadas por el ala más dura de la CNT, el sindicato anarquista que a su vez estaba enfrentado a la UGT, el sindicato socialista, en una cada vez más agria guerra civil interna entre la gente de izquierda, pues ambas formaciones se disputaban la hegemonía sobre la clase trabajadora. La idea básica era que sólo la fuerza podía liquidar los privilegios de clase y emancipar a obreros y campesinos. De ese modo, el anarquismo se hacía cada vez más radical y violento, desconfiando de toda conciliación y abandonando la disciplina. En 1933, en plena huelga revolucionaria convocada por la CNT, en el pueblecito gaditano de Casas Viejas (donde cuatro de cada cinco trabajadores estaban en paro y en la más absoluta miseria), los desesperados lugareños le echaron huevos al asunto, cogieron las escopetas de caza y asaltaron el cuartel de la Guardia Civil. La represión ordenada por el gobierno republicano fue inmediata y bestial, con la muerte de 24 personas –incluidos un anciano, dos mujeres y un niño– a las que se dio matarile a manos de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. Para esa época, las derechas ya se organizaban políticamente en la llamada Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, liderada por José María Gil Robles, en torno a la que se fue estableciendo (católicos, monárquicos, carlistas, republicanos de derechas y otros elementos conservadores, o sea, la llamada gente de orden) un frente único antimarxista y antirrevolucionario con un respaldo de votos bastante amplio. Y como no hay dos sin tres, y en España sin cuatro, a complicar el paisaje vino a sumarse el asunto catalán. Cuando, según los vaivenes políticos, el gobierno republicano pretendió imponer disciplina en el creciente desmadre nacional, diciendo vamos a ver, rediós, alguien tiene que mandar aquí y que se le obedezca, oigan, y un montón de líderes obreros fueron encarcelados por salirse de cauces, y la anterior simpatía hacia las aspiraciones autonómicas periféricas se enfrió en las Cortes, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, decidió montárselo aparte y proclamó por su cuenta «el Estado catalán dentro de una república federal española» que sólo existía en sus intenciones. De momento la desobediencia acabó controlada con muy poca sangre, pero eso llevaría a Companys al paredón tras la Guerra Civil, cuando cayó en manos franquistas. Aun así, es interesante recordar lo que en los años 70 dijo al respecto un viejo comunista: «Si hubiésemos ganado la guerra, a Companys también lo habríamos fusilado nosotros, por traidor a la República».

[Continuará].