Este artículo de hoy es una disculpa y una confesión de impotencia. Durante los trece años que llevo en la Real Academia Española he recibido, como otros compañeros, numerosos comentarios, sugerencias y peticiones de ayuda. Se nos han enviado repetidas muestras de disparates lingüísticos vinculados a la política, al feminismo radical, a la incultura, a la demagogia políticamente correcta o a la simple estupidez; de todo aquello que, contrario al sentido común de una lengua hermosa y sabia como la castellana, la ensucia y envilece. Y debo decir, en honor a la Academia, que a lo largo de todo ese tiempo he asistido a muchos intentos por ayudar a quienes piden consejo o amparo ante la estupidez, la arbitrariedad y el despropósito. Por dar respuesta eficaz a las quejas de ciudadanos indignados con el maltrato que de la lengua se hace en medios informativos y televisiones, apoyar a padres a cuyos hijos se impide estudiar en castellano, orientar a funcionarios de autonomías donde las autoridades locales imponen disparates que violentan el sentido común, o defender a quienes son víctimas de acoso por no pretender sino ejercer su derecho a hablar y escribir con propiedad la lengua española.
Sin embargo, muy rara vez la Academia ha hecho oír en público la voz de su autoridad. Sólo recuerdo un caso en trece años, pese a que cada denuncia, cada sugerencia razonable, ha sido llevada a los plenos de los jueves por algunos de nosotros pidiendo intervenciones menos discretas y más contundentes. El último debate fue antes del verano, cuando funcionarios y profesores andaluces pidieron amparo ante unas nuevas normas que pueden obligar a los profesores, en clase, a utilizar el ridículo desdoblamiento de género que, excepto algunos políticos demagogos y algunos imbéciles, nadie utiliza en el habla real. Eso nos llevó en la RAE a un animado debate, en el que algunos, incluido el director, nos mostramos partidarios de escribir una carta a la Junta de Andalucía para señalar ese despropósito. Pero la iniciativa, cual todas las anteriores sobre esta materia, no salió adelante. La Academia, como tantas otras veces, volvió a guardar silencio.
Esto requiere una explicación. En la Academia, los acuerdos se toman por unanimidad o mayoría; pero allí, como en otros lugares, hay de todo. Eso incluye a acomplejados y timoratos. Es mucha la presión exterior, y eso lo comprendes. No todo el mundo es capaz de afrontar consecuencias en forma de etiqueta machista, o verse acosado por el matonismo ultrafeminista radical, que exige sumisión a sus delirios lingüísticos bajo pena de duras campañas por parte de palmeros y sicarios analfabetos en las redes sociales. Lo notas en las miradas cómplices o aprobatorias cuando planteas algo conflictivo, miradas que luego contrastan con los silencios a la hora de mojarse o de votar. «Para qué nos vamos a meter en política», argumenta alguno, para quien meterse en política es todo aquello que nos lleve a opinar en público. Incluso la iniciativa –hasta hoy frustrada– de que la RAE presente y difunda un informe anual sobre el estado de la lengua, la consideran injerencia.
El único ejemplo reciente de coraje público lo dimos cuando Ignacio Bosque, quizá nuestro más brillante compañero, presentó su famoso informe contra la estupidez de género y génera. Aun así, el profesor Bosque lo hizo como iniciativa personal, y algunos académicos se negaban a refrendarlo hasta que tuvieron que plegarse a la mayoría. Aquello era, apuntaban como siempre, «meternos en política».
Y es que, como dije antes, en la RAE hay de todo. Gente noble y valiente y gente que no lo es. Académicos hombres y mujeres de altísimo nivel, y también, como en todas partes, algún tonto del ciruelo y alguna talibancita tonta de la pepitilla. En Felipe IV sigue cumpliéndose aquel viejo dicho: hay académicos que dan lustre a la RAE, y otros a los que la RAE da lustre. Que acabaron ahí por carambolas, cuotas o azares, y deben a la Academia buena parte de lo que son, o aparentan ser, ahora.
Pero en fin. Unos cuantos académicos lo seguiremos intentando. La RAE lo merece: notario de la lengua española y vértebra capital de una patria de 500 millones de hispanohablantes cuya bandera es El Quijote. A veces, es cierto, en episodios como los que acabo de narrar, apetece coger la puerta e irse; pero no es cosa de regalar esa satisfacción. Mejor seguir dentro dando por saco, peleando por el sentido común, llamando cada jueves pusilánimes a los que lo son, y estúpidos a quienes creen que por meter la cabeza en un agujero no se les queda el culo al aire.
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Publicado en XL Semanal el 2 de octubre de 2016.
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